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Una mirada fría y real sobre Sortu

¿Debe inscribirse Sortu como partido politico? El Gabinete en Julia en la Onda

Semana intensa. Desde el lunes he debatido sobre la situación abierta por la presentación del nuevo partido de la izquierda abertzale con compañeros de todo signo en Las mañanas de Cuatro, en Al Rojo Vivo en La Sexta2 o en Onda Cero en Julia en la Onda. Mañana viernes saldrá una columna mía sobre esto en la revista Tiempo ¿Y aún me queda algo que añadir sobre el tema? Trataré sólo de recopilar algunas ideas que me parecen importantes y que se pierden a veces en un debate muy visceral, muy teñido por el dolor, por tantos años de mentiras y destrucción, pero que hemos de ser capaces de ver desde un ángulo más frío.

1.- Las reglas del juego las hemos marcado los demócratas. La Ley de Partidos es una ley nacida de la voluntad popular. Ese marco limita un espacio de legalidad que es el que es y al que no se le puede quitar ni un ápice pero tampoco añadir condiciones nuevas.

2.- El silogismo aceptado por los dos grandes partidos durante este último periodo, en el que asistimos al inicio del fin de ETA, ha sido: “O ETA se disuelve o Batasuna rompe con ETA”. Con la presentación de los estatutos de la nueva formación Sortu, Batasuna pretende apuntalar la segunda parte del silogismo y escenificar la ruptura de la izquierda abertzale con ETA.

3.- La prudencia, la mesura, incluso la suspicacia o el escepticismo son normales y lógicos. El Gobierno toma la postura correcta – no tenía sentido adoptar otra actitud en este momento- y es mandar los estatutos presentados a la Fiscalía para que informe si los considera acordes con la legalidad, ve indicios de delito o considera que la inscripción no debe realizarse y por tanto insta esta acción ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo.

4.- Parece evidente que la decisión la va a tomar la Sala del 61 del Tribunal Supremo. La tomará sopesando los informes presentados por la Fiscalía: de las policías, del CNI y todos aquellos que sean pertinentes. Analizará de forma jurídica los hechos y los indicios, deliberarán sobre ello y emitiran una resolución que será la que se ajuste a Derecho.

5.- Los promotores de esta iniciativa han sido cuidadosos para intentar entrar dentro de las reglas de juego marcadas por el Estado de Derecho. Quizá la mayor arista la tengan en el hecho de no haber rechazado los atentados anteriores de ETA y haber usado la fórmula rechazamos la violencia de ETA “si la hubiera”. El TS lo dirá pero, no obstante, yo no creo que se trate de una trampa. Es un éxito de la lucha antiterrorista que la izquierda abertzale intente entrar en el juego democrático con las normas marcadas por los demócratas.

6.- Parece una tontuna repertirlo pero, por si acaso,: las ideas no delinquen. En democracia pueden defenderse todas las ideas dentro del marco legal, incluida la independencia o la autodeterminación. En este sentido precisar también que la machacona frase “Batasuna es ETA” se ha acabado convirtiendo para muchos en “Batasuna es igual que ETA” o “los tribunales ya han dicho que Batasuna es igual que ETA”. Hay que precisar que para los tribunales ETA es una banda armada e integrarse en ella supone un delito de integración en banda armada. Ningún tribunal ha dicho que Batasuna sea una banda armada. Es una formación ilegalizada EN VIA NO PENAL, por la Ley de Partidos, por coadyuvar a los fines de los terroristas y algunos de sus miembros lo eran a la vez de ETA.

7.- Lo que no es de recibo es que desde partidos políticos, asociaciones o medios se afirme – siquiera se insinúe- que la decisión del Tribunal Supremo puede estar mediatizada por otras voluntades ni por nada que no sea la valoración jurídica de la información que exista. Afirmar que el Gobierno puede mediatizar la resolución judicial o que está en su mano que no se inscriba la formación es democráticamente inadmisible.

8.- Tampoco es respetuoso con la seguridad jurídica inherente a toda democracia afirmar ahora que habría que añadir nuevas condiciones a las ya impuestas en su día. La Ley de Partidos no incluye ni cuarentenas, ni periodos en los que “ganarse la confianza” o”demostrar que van de verdad”. Y la Ley no incluye un periodo de este tipo porque hubiera sido muy difícil que una norma así hubiera pasado los filtros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta que en un sistema democrático , la participación en los comicios es la actividad más esencial y básica, la norma española ya se situa muy al filo de lo admisible en relación con el estándar de los derechos políticos internacionalmente asumidos por España.

9.- No es cierto que la izquierda abertzale pueda pasar el filtro y luego quitarse la careta cuando estén en las instituciones. La reforma de la Ley Electoral que entró en vigor a finales de enero, asegura precisamente que puede producirse una ilegalización a posteriori o sobrevenida. En ese caso, la formación podría ser ilegalizada y sus electos perderían sus cargos excepto que adjuraran de forma expresa, individual y terminante de la causas por la que hubiera sido declarada ilegal Sortu.

10.-La Justicia tiene la última palabra pero es de cegatos no darse cuenta de que lo sucedido esta semana, las afirmaciones oídas en boca de históricos abertzales, no se habían producido nunca. La fotografía es distinta y novedosa. Es un triunfo de la democracia aunque no sea el definitivo. Que llegará.

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La ablación sí va con nosotros

Hoy es el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina. No ha habido muchas alharacas, a fín de cuentas no se conocen casos de españolas caucásicas mutiladas y somos así de egoístas. Pero la ablación del clítoris sí va con nosotros. El miedo al placer de la mujer es una constante histórica. El deseo de someterla y sojuzgarla, aún mutilándola, pervive a través del tiempo y las culturas. La ablación va con nosotros porque hay mujeres y niñas en España que la han sufrido o van a sufrirla y está en nuestra mano o bien evitarlo antes de que suceda o bien que los que cometan uno de estos crímenes -entre los segundos más graves en nuestra legislación después del homicicio,- paguen por ello hasta doce años de prisión.

Dos casos en la Audiencia Nacional

A la Audiencia Nacional, con competencia en estos delitos cuando se cometen en el extranjero, han llegado por primera vez dos casos. Uno de ellos está aún en fase de instrucción y el otro, cuya investigación ya ha concluido, probablemente no será juzgado porque la ablación fue cometida antes de que los padres vinieran por primera vez a España y, por tanto, no conocían la prohibición de una práctica que en su cultura es habitual. La Fiscalía ha pedido el archivo y no acusará debido a esta circunstancia. No existe ninguna otra acusación personada.

Los médicos son la esperanza en la lucha contra la impunidad de estos delitos. El hecho de que reconozcan de forma sistemática a las niñas que lleguen a su consulta y que,en caso de encontrar mutilaciones, procedan a denunciarlas, es la vía abierta a la acción de la Justicia.

En nuestro país la ablación está castigada siempre que los responsables se encuentren en nuestro territorio. Responsables en el sentido amplio y legal del término. Esto incluye también a los padres que lleven a sus hijas de vacaciones a su país de origen y regresen con ellas mutiladas. Incluso si ellos no la han llevado a cabo, incluso si afirman no saberlo, porque en todo caso al llevarlas a un lugar en el que sabían que podían ser agredidas de esta forma bestial las pusieron en un peligro evidente.

No es una cuestión que afecte sólo a las mujeres en riesgo. Nos afecta también a nosotros como sociedad. No podemos tolerar que esto siga sucediendo, a ninguna mujer, pero menos a las niñas que salen al recreo con nuestros hijos y cuya vida psicológica y sexual, incluso física, puede quedar machacada en un viaje a ver a los abuelos.

Cerremos espacios de impunidad. Mostrémosles que no tiene ningún objeto religioso ni cultural someter a sus hijas a ese drama pero que quede claro que en caso de que este discurso no les persuada, en nuestra esquema de valores existe una Ley que preserva los derechos de esas niñas.

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Yo también tengo libertad de expresión

Esto de la ley Sinde va a dar para mucho. Bueno y malo. Anuncié en Al Rojo Vivo de La Sexta y en El Gabinete de Julia en la Onda que iba a explicar más prolijamente algunos conceptos que creo que se están usando de forma confusa. A lo mejor de forma menos inocente de la que podría pensarse. Eso no lo se.

Lo voy a hacer. Pero desde que he salido de Onda Cero hasta ahora me he dado cuenta de que hay una cosa fundamental que no marcha. No me habían insultado tanto por defender una opinión – y esa es la esencia de la libertad de expresión- desde que en CNN+ me expresé contra el falso síndrome de alienación parental. Entonces me llamaron femilinazi. Una medalla, viniendo de donde viene, pero como se verá muy respetuosa, muy tolerante y muy acorde con el juego democrático de derechos y libertades.

Ahora me llaman ignorante. Más bien analfabeta tecnológica. Lo cierto es que me lo dicen a través de Internet, en mi Twiter, y lo harán después supongo en este blog. Así que no parece que hayan tenido que ir muy lejos para encontrarme. Es lo mismo. No saben que tener claros los conceptos en origen sirve para poder aplicarlos a la realidad que toque. Y eso funciona aunque cambien los medios, la tecnología o los entornos ideológicos. Si uno tiene claro qué es la libertad de expresión, por qué es un derecho fundamental, qué supone defenderla, contra que otros derechos y libertades puede colisionar y qué respuesta le da el Estado de Derecho a esas colisiones, tiende a poder tener las cosas claras más fácilmente.

De paso también vienen a llamarte vieja o apolillada o lo que sea. El problema de ser demasiado joven es que uno siempre piensa que está asistiendo a la primera revolución de la historia. Ha habido más con anterioridad. Incluso supusieron un salto cualitativo mayor. La imprenta, evidentemente. El teléfono. No quiero hablar de la radio y la televisión porque estos medios por sus características productivas siempre han estado regidos desde unos pocos para la mayoría. Cada una de estas revoluciones produjo espacios en blanco. Su desarrollo fue dejando a la luz sus grandezas pero también el daño que se podía cometer a través de ellos (son medios, no fines, recuéndenlo). Las leyes siempre van detrás de la realidad. El Estado de Derecho fue taponando esos espacios de impunidad que permitían que la libertad de unos atropellara los derechos de otros. Sucederá también con Internet. No se cieguen. No tengan una visión tan estrecha. Internet es la repera, es más difícil de regular para evitar delitos, ilegalidades, abusos, pero se avanzará en ese camino, por el bien de todos.

A todos estos que insultan por tener algunos conceptos claros, “no tienen ni idea de Internet”, les confesaré que hay miles de periodistas, por ejemplo, que han servido al derecho a la información y han ejercido la libertad de expresión, incluso con riesgo para sus vidas, sin tener ni repajolera idea de cómo funciona la radio, qué demonios hay en un centro emisor o que pasa en la televisión más allá de ese objetivo que les apunta.

Y no, todo contenido de Internet no es un medio de comunicación. Y no, todo lo que se hace en Internet no tiene que ver con la libertad de expresión ni, mucho menos, con el derecho a la información.

Y sí, los derechos y libertades friccionan entre sí y el Estado de Derecho lleva siglos intentando marcar los límites entre ellos.

De todos modos, relájense. Ni la Administración, ni los jueces van a actuar contra ninguna web que no se dedique claramente a robar el trabajo intelectual o creativo de otros. Y es legítimo incluso proteger las inversiones que algunos hacen para que esa creación -que tiene un alto coste como en el cine- llegue a nosotros. Y, no teman, si eso llegara a suceder -si hubiera censura – verían como la mayoría de los que vemos bien que se empiece a legislar en este campo, nos pondríamos a la cabeza de la manifestación contra cualquier atropello de la libertad de expresión. Quizá porque tenemos claro este concepto no estamos dispuestos a que lo nadie lo manosee.

No obstante, recuerden que las cámaras legislativas ostentan la representación del pueblo español.

Volveré sobre la explicación más técnica de lo que supone legalmente la ley Sinde y su viabilidad. Me faltan algunos datos -como la posibilidad material de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de hacer frente al procedimiento- que quiero tener en la mano. Mañana será otro día.

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