elisa beni

Una mirada fría y real sobre Sortu

¿Debe inscribirse Sortu como partido politico? El Gabinete en Julia en la Onda

Semana intensa. Desde el lunes he debatido sobre la situación abierta por la presentación del nuevo partido de la izquierda abertzale con compañeros de todo signo en Las mañanas de Cuatro, en Al Rojo Vivo en La Sexta2 o en Onda Cero en Julia en la Onda. Mañana viernes saldrá una columna mía sobre esto en la revista Tiempo ¿Y aún me queda algo que añadir sobre el tema? Trataré sólo de recopilar algunas ideas que me parecen importantes y que se pierden a veces en un debate muy visceral, muy teñido por el dolor, por tantos años de mentiras y destrucción, pero que hemos de ser capaces de ver desde un ángulo más frío.

1.- Las reglas del juego las hemos marcado los demócratas. La Ley de Partidos es una ley nacida de la voluntad popular. Ese marco limita un espacio de legalidad que es el que es y al que no se le puede quitar ni un ápice pero tampoco añadir condiciones nuevas.

2.- El silogismo aceptado por los dos grandes partidos durante este último periodo, en el que asistimos al inicio del fin de ETA, ha sido: “O ETA se disuelve o Batasuna rompe con ETA”. Con la presentación de los estatutos de la nueva formación Sortu, Batasuna pretende apuntalar la segunda parte del silogismo y escenificar la ruptura de la izquierda abertzale con ETA.

3.- La prudencia, la mesura, incluso la suspicacia o el escepticismo son normales y lógicos. El Gobierno toma la postura correcta – no tenía sentido adoptar otra actitud en este momento- y es mandar los estatutos presentados a la Fiscalía para que informe si los considera acordes con la legalidad, ve indicios de delito o considera que la inscripción no debe realizarse y por tanto insta esta acción ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo.

4.- Parece evidente que la decisión la va a tomar la Sala del 61 del Tribunal Supremo. La tomará sopesando los informes presentados por la Fiscalía: de las policías, del CNI y todos aquellos que sean pertinentes. Analizará de forma jurídica los hechos y los indicios, deliberarán sobre ello y emitiran una resolución que será la que se ajuste a Derecho.

5.- Los promotores de esta iniciativa han sido cuidadosos para intentar entrar dentro de las reglas de juego marcadas por el Estado de Derecho. Quizá la mayor arista la tengan en el hecho de no haber rechazado los atentados anteriores de ETA y haber usado la fórmula rechazamos la violencia de ETA “si la hubiera”. El TS lo dirá pero, no obstante, yo no creo que se trate de una trampa. Es un éxito de la lucha antiterrorista que la izquierda abertzale intente entrar en el juego democrático con las normas marcadas por los demócratas.

6.- Parece una tontuna repertirlo pero, por si acaso,: las ideas no delinquen. En democracia pueden defenderse todas las ideas dentro del marco legal, incluida la independencia o la autodeterminación. En este sentido precisar también que la machacona frase “Batasuna es ETA” se ha acabado convirtiendo para muchos en “Batasuna es igual que ETA” o “los tribunales ya han dicho que Batasuna es igual que ETA”. Hay que precisar que para los tribunales ETA es una banda armada e integrarse en ella supone un delito de integración en banda armada. Ningún tribunal ha dicho que Batasuna sea una banda armada. Es una formación ilegalizada EN VIA NO PENAL, por la Ley de Partidos, por coadyuvar a los fines de los terroristas y algunos de sus miembros lo eran a la vez de ETA.

7.- Lo que no es de recibo es que desde partidos políticos, asociaciones o medios se afirme – siquiera se insinúe- que la decisión del Tribunal Supremo puede estar mediatizada por otras voluntades ni por nada que no sea la valoración jurídica de la información que exista. Afirmar que el Gobierno puede mediatizar la resolución judicial o que está en su mano que no se inscriba la formación es democráticamente inadmisible.

8.- Tampoco es respetuoso con la seguridad jurídica inherente a toda democracia afirmar ahora que habría que añadir nuevas condiciones a las ya impuestas en su día. La Ley de Partidos no incluye ni cuarentenas, ni periodos en los que “ganarse la confianza” o”demostrar que van de verdad”. Y la Ley no incluye un periodo de este tipo porque hubiera sido muy difícil que una norma así hubiera pasado los filtros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta que en un sistema democrático , la participación en los comicios es la actividad más esencial y básica, la norma española ya se situa muy al filo de lo admisible en relación con el estándar de los derechos políticos internacionalmente asumidos por España.

9.- No es cierto que la izquierda abertzale pueda pasar el filtro y luego quitarse la careta cuando estén en las instituciones. La reforma de la Ley Electoral que entró en vigor a finales de enero, asegura precisamente que puede producirse una ilegalización a posteriori o sobrevenida. En ese caso, la formación podría ser ilegalizada y sus electos perderían sus cargos excepto que adjuraran de forma expresa, individual y terminante de la causas por la que hubiera sido declarada ilegal Sortu.

10.-La Justicia tiene la última palabra pero es de cegatos no darse cuenta de que lo sucedido esta semana, las afirmaciones oídas en boca de históricos abertzales, no se habían producido nunca. La fotografía es distinta y novedosa. Es un triunfo de la democracia aunque no sea el definitivo. Que llegará.

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La ablación sí va con nosotros

Hoy es el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina. No ha habido muchas alharacas, a fín de cuentas no se conocen casos de españolas caucásicas mutiladas y somos así de egoístas. Pero la ablación del clítoris sí va con nosotros. El miedo al placer de la mujer es una constante histórica. El deseo de someterla y sojuzgarla, aún mutilándola, pervive a través del tiempo y las culturas. La ablación va con nosotros porque hay mujeres y niñas en España que la han sufrido o van a sufrirla y está en nuestra mano o bien evitarlo antes de que suceda o bien que los que cometan uno de estos crímenes -entre los segundos más graves en nuestra legislación después del homicicio,- paguen por ello hasta doce años de prisión.

Dos casos en la Audiencia Nacional

A la Audiencia Nacional, con competencia en estos delitos cuando se cometen en el extranjero, han llegado por primera vez dos casos. Uno de ellos está aún en fase de instrucción y el otro, cuya investigación ya ha concluido, probablemente no será juzgado porque la ablación fue cometida antes de que los padres vinieran por primera vez a España y, por tanto, no conocían la prohibición de una práctica que en su cultura es habitual. La Fiscalía ha pedido el archivo y no acusará debido a esta circunstancia. No existe ninguna otra acusación personada.

Los médicos son la esperanza en la lucha contra la impunidad de estos delitos. El hecho de que reconozcan de forma sistemática a las niñas que lleguen a su consulta y que,en caso de encontrar mutilaciones, procedan a denunciarlas, es la vía abierta a la acción de la Justicia.

En nuestro país la ablación está castigada siempre que los responsables se encuentren en nuestro territorio. Responsables en el sentido amplio y legal del término. Esto incluye también a los padres que lleven a sus hijas de vacaciones a su país de origen y regresen con ellas mutiladas. Incluso si ellos no la han llevado a cabo, incluso si afirman no saberlo, porque en todo caso al llevarlas a un lugar en el que sabían que podían ser agredidas de esta forma bestial las pusieron en un peligro evidente.

No es una cuestión que afecte sólo a las mujeres en riesgo. Nos afecta también a nosotros como sociedad. No podemos tolerar que esto siga sucediendo, a ninguna mujer, pero menos a las niñas que salen al recreo con nuestros hijos y cuya vida psicológica y sexual, incluso física, puede quedar machacada en un viaje a ver a los abuelos.

Cerremos espacios de impunidad. Mostrémosles que no tiene ningún objeto religioso ni cultural someter a sus hijas a ese drama pero que quede claro que en caso de que este discurso no les persuada, en nuestra esquema de valores existe una Ley que preserva los derechos de esas niñas.

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¿Y si hay un plan B para lo de Camps?

Entre todas las dudas y trastabilleos hubo una respuesta que Rajoy si tuvo clara el otro día en el examen oral al que decidió someterse: “No veo el escenario de Camps en el banquillo” , afirmó. Está seguridad en la aserción puede ser debida, desde luego, a una fe ciega en la inocencia del imputado añadida a una creencia rotunda en el buen funcionamiento de la Justicia que le llevaría a pensar que, finalmente, esta quedará probada y su probable candidato, por tanto, exonerado. Sólo que en la entrevista no dijo que para él no exista posibilidad de que condenen a Camps, ojo, lo que dijo es que no ve posibilidad de que se le pueda ver siquiera sentado ante la Justicia.

Eso da que pensar. Y puestos a ello, no vamos a suponer que en caso de que el momento banquillo se produzca, él hará el gallego y se pondrá gafas de madera o mirará para otro lado. No. Tampoco podía estar seguro cuando habló de que los recursos presentados ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV vayan a ser resueltos a favor del president, por mucho que incluso en sus medios amigos hablen de presiones al tribunal. No seré yo quien tire por ese sendero de extender la sospecha sobre los jueces. Así que quizá no sea descabellada la otra opción: la opción del Plan B.

El posible plan B

¿Y si el PP se estuviera planteando que Camps no se siente en el banquillo bajo ningún concepto? Aunque el proceso siga adelante. A pesar de los jueces. En realidad existe una posibilidad legal. Veamos. El procedimiento contra Camps por cohecho pasivo impropio se tramita por la Ley del Jurado y, por tanto, en caso de ser juzgado lo sería por un tribunal popular formado por nueve ciudadanos valencianos. ¿Habría alguna otra posibilidad, si llega el momento, que verlo sentado ante un juez y con un jurado decidiendo sobre su culpabilidad o inocencia? ¿Hay que arriesgarse siquiera a que llegue ese momento con un coste político endemoniado?

Sí, existe una posibilidad. La posibilidad es que Camps “se conforme”, es decir, que reconozca que recibió los trajes como regalo y acepte la pena. Antes de llegarse a constituir el jurado. ¿Descabellado? No tanto. Teniendo en cuenta que en el momento en que se cometió el presunto delito, el cohecho pasivo impropio estaba castigado solamente con una pena de multa y que esto es lo más que le podría pasar a Camps ¿no compensaría en un momento dado pagar una cantidad y no verlo en el banquillo? ¿Dentro del daño no sería políticamente más defendible? Tampoco afectaría a su carrera política. Desde diciembre pasado ese delito ha pasado a ser castigado con penas de prisión y de suspensión de cargo pero esa reforma no afecta al procedimiento que instruye el juez Flors contra él.

Todo es cuestión de cálculo político. ¿Castigaría más a su imagen reconocer que no tiene los justificantes para probar que compró los trajes y resignarse a pagar una multa o sentarse ante un jurado popular? Ante un escenario adverso, el PP puede pensar que un fuego es mejor que un incendio. Esto no sólo se me ha ocurrido a mí. Hace más de seis meses lo publicaba un diario del norte de España.

Y desde luego, algún movimiento en este sentido se huele en el ambiente.

Sucede que procesalmente es posible. Sucede que en caso de llegar a juicio, el jurado es inevitable. Sucede que no es descabellado pensar que esta opción puede ponerse sobre la mesa. Sucede que con esta baza en la manga ni Rajoy ni nadie verían a Camps sentado como un acusado ante la Justicia popular.

Es un posible Plan B. No hay que desestimar que lo barajen.

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Yo también tengo libertad de expresión

Esto de la ley Sinde va a dar para mucho. Bueno y malo. Anuncié en Al Rojo Vivo de La Sexta y en El Gabinete de Julia en la Onda que iba a explicar más prolijamente algunos conceptos que creo que se están usando de forma confusa. A lo mejor de forma menos inocente de la que podría pensarse. Eso no lo se.

Lo voy a hacer. Pero desde que he salido de Onda Cero hasta ahora me he dado cuenta de que hay una cosa fundamental que no marcha. No me habían insultado tanto por defender una opinión – y esa es la esencia de la libertad de expresión- desde que en CNN+ me expresé contra el falso síndrome de alienación parental. Entonces me llamaron femilinazi. Una medalla, viniendo de donde viene, pero como se verá muy respetuosa, muy tolerante y muy acorde con el juego democrático de derechos y libertades.

Ahora me llaman ignorante. Más bien analfabeta tecnológica. Lo cierto es que me lo dicen a través de Internet, en mi Twiter, y lo harán después supongo en este blog. Así que no parece que hayan tenido que ir muy lejos para encontrarme. Es lo mismo. No saben que tener claros los conceptos en origen sirve para poder aplicarlos a la realidad que toque. Y eso funciona aunque cambien los medios, la tecnología o los entornos ideológicos. Si uno tiene claro qué es la libertad de expresión, por qué es un derecho fundamental, qué supone defenderla, contra que otros derechos y libertades puede colisionar y qué respuesta le da el Estado de Derecho a esas colisiones, tiende a poder tener las cosas claras más fácilmente.

De paso también vienen a llamarte vieja o apolillada o lo que sea. El problema de ser demasiado joven es que uno siempre piensa que está asistiendo a la primera revolución de la historia. Ha habido más con anterioridad. Incluso supusieron un salto cualitativo mayor. La imprenta, evidentemente. El teléfono. No quiero hablar de la radio y la televisión porque estos medios por sus características productivas siempre han estado regidos desde unos pocos para la mayoría. Cada una de estas revoluciones produjo espacios en blanco. Su desarrollo fue dejando a la luz sus grandezas pero también el daño que se podía cometer a través de ellos (son medios, no fines, recuéndenlo). Las leyes siempre van detrás de la realidad. El Estado de Derecho fue taponando esos espacios de impunidad que permitían que la libertad de unos atropellara los derechos de otros. Sucederá también con Internet. No se cieguen. No tengan una visión tan estrecha. Internet es la repera, es más difícil de regular para evitar delitos, ilegalidades, abusos, pero se avanzará en ese camino, por el bien de todos.

A todos estos que insultan por tener algunos conceptos claros, “no tienen ni idea de Internet”, les confesaré que hay miles de periodistas, por ejemplo, que han servido al derecho a la información y han ejercido la libertad de expresión, incluso con riesgo para sus vidas, sin tener ni repajolera idea de cómo funciona la radio, qué demonios hay en un centro emisor o que pasa en la televisión más allá de ese objetivo que les apunta.

Y no, todo contenido de Internet no es un medio de comunicación. Y no, todo lo que se hace en Internet no tiene que ver con la libertad de expresión ni, mucho menos, con el derecho a la información.

Y sí, los derechos y libertades friccionan entre sí y el Estado de Derecho lleva siglos intentando marcar los límites entre ellos.

De todos modos, relájense. Ni la Administración, ni los jueces van a actuar contra ninguna web que no se dedique claramente a robar el trabajo intelectual o creativo de otros. Y es legítimo incluso proteger las inversiones que algunos hacen para que esa creación -que tiene un alto coste como en el cine- llegue a nosotros. Y, no teman, si eso llegara a suceder -si hubiera censura – verían como la mayoría de los que vemos bien que se empiece a legislar en este campo, nos pondríamos a la cabeza de la manifestación contra cualquier atropello de la libertad de expresión. Quizá porque tenemos claro este concepto no estamos dispuestos a que lo nadie lo manosee.

No obstante, recuerden que las cámaras legislativas ostentan la representación del pueblo español.

Volveré sobre la explicación más técnica de lo que supone legalmente la ley Sinde y su viabilidad. Me faltan algunos datos -como la posibilidad material de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de hacer frente al procedimiento- que quiero tener en la mano. Mañana será otro día.

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Lo de Rollán no es lo de Chaves

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No es el mismo caso. Lo quieran los del PP o los del PSOE. Los unos para meterlo todo en un revolutum de corrupción, los otros para argumentar que son meros incidentes administrativos.

Rollán , ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y número dos de los socialistas madrileños, ha sido condenada penalmente como el resto de los que eran sus concejales. Ha cometido un delito, para que nos entendamos. No irá en las listas del PSOE pero Tomás Gómez pretende mantenerla en los cuadros del partido. Con el tira y afloja que haya habido entre él y la ejecutiva nacional socialista, lo cierto es que ahora la consigna es cerrar filas en la idea de que no se trata de un caso de corrupción sino de una mera disensión en un procedimiento administrativo. El lunes le pregunté por ello al ministro Jauregui en Al Rojo Vivo (La Sexta2) y me contesto eso mismo, o sea, que Rollán no se ha enriquecido, que no es una corrupta y que la sentencia se puede recurrir ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (la Sala Penal, queda dicho).

Matices. La corrupción no es sólo un tema de enriquecimiento personal. El cohecho no es el único delito que puede cometer un corrupto. La utilización incorrecta del poder conferido por los ciudadanos, la prevaricación, es también una forma de corrupción. Y a la ex alcaldesa de Torrejón la han condenado por eso: prevaricación. Pero es que más allá de eso, su forma de tomar una resolución injusta a sabiendas ha sido también en detrimento de los intereses de los ciudadanos de Torrejón ya que finalmente ha consistido en entregar a una empresa privada, elegida a dedo, unas propiedades que eran de todos.

¿Que hicieron Rollán y los concejales que han sido condenados con ella? Eligieron a una empresa concreta y negociaron que ésta urbanizara unos terrenos para la construcción de vivienda protegida ,junto al pago de cierta cantidad, a cambio de cederle otros terrenos municipales para que construyera vivienda libre. La legislación exige que este tipo de convenios se saquen a subasta pública. Y es muy mijitas con el tema. Lo cual no es raro después del historial de anomalías y corruptelas urbanísticas español.Sólo hace una excepción: cuando se trate de una permuta. A eso se agarraron los socialistas de Torrejón. Dijeron que lo que iban a hacer era una permuta. Pero como los cargos electos no tienen porque ser expertos en Derecho ni técnicos en nada,para eso tienen los ayuntamientos la figura del Secretario del Ayuntamiento. Este es el señor que sabe Derecho, vaya, y que debe informarles sobre la legalidad de lo que pretenden hacer. Y lo hizo. El secretario de Torrejón emitió informe diciendo que eso no era una permuta. Que la ley delimita muy bien lo que es una permuta y que todo los demás debe hacerse por procedimientos públicos. Pues nada, siguieron adelante. Tras otros avatares poco correctos en la tramitación, el Interventor municipal también hizo un informe diciendo que el convenio no debía hacerse y advirtiendo de las responsabilidades penales en las que podrían incurrir en caso de aprobarlo. Lo mismo fue. Lo aprobaron en pleno -con la manifestación de todas estas irregularidades en el mismo – y lo elevaron a escritura pública.

Rollán y su equipo debieron pensar que su criterio era mejor que el del legislador. Y esa es una de las cuestiones que claramente se les achaca en la sentencia, que pusieran su voluntad por encima de la del legislador. La jurisprudencia ha dejado muy claro que cuando los políticos realicen actos que hayan sido desaconsejados por los técnicos (el secretario en este caso) deben ser ultra minuciosos en justificar de forma correcta porque lo hacen. El caso es que les informaron en Derecho de que lo que querían hacer no era una permuta sino otra cosa y de que debían sacarlo a subasta pública para que optaran las empresas que quisieran y no hicieron caso. Y ese informe del secretario y del Interventor ya no son opinables. Sobre ese tema sí hay sentencia firme de lo Contencioso-Administrativo por inadmisión del recurso en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Lo que hicieron no era una permuta y eso ya lo ha dicho la Justicia.

La sentencia es dura: “(…) es muy visible el torpe propósito de soslayar el nítido mandato de las normas legales para lograr el pleno cumplimiento de sus ilícitos propósitos (…) el procedimiento intentado para defraudar el sensato mandato del legislador consistió en acudir a la única excepción (…) el canje, trueque o permuta”.

Y también deja claro el perjuicio para los ciudadanos de esta acción: “(…) se produjo un resultado material injusto de incuestionable realidad. Los ciudadanos de Torrejón perdieron la propiedad de un bien inmueble (…) de un modo ilegal(…) por decisión de quien debía al pueblo sus potestades(…) y que debía velar por sus intereses”.

Ese es el delito cometido. Y ese delito también es corrupción. Cabe recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Lo hemos dicho. Pero no es menos cierto que no estamos hablando de una instrucción sino de una sentencia del máximo órgano judicial de la Comunidad de Madrid. La pena por este delito consiste precisamente en el apartamiento de la función pública. Parece razonable dejar al menos en stand by a estas personas también para formar parte de comités de listas y para intervenir en el día a día del partido. Porque hay más que indicios de que ejercieron el poder de forma irregular. Hay una sentencia. La Renault en Francia no tuvo dudas. En cuanto los detectives privados les pusieron sobre la mesa las sospechas sobre sus directivos los suspendieron de empleo y sueldo. Es una pena que el ámbito público no sea tan expeditivo para defender los intereses de todos como lo es el privado para defender los de sus accionistas. Y eso que los socialistas en este tema lo iban haciendo muy bien. No pelearse más con Gómez tan cerca de las elecciones debe ser el motivo pero, en mi opinión, la decisión es equivocada.

Lo de Chaves es otra cosa. Pero llegaron los que querían meter en el mismo saco la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha ordenado a la Junta que abra un expediente sobre el tema Matsa.

Y es distinto porque en primer lugar esto si es administrativo y no penal. En segundo lugar, los jueces no mandan sancionar a Chaves -como ha publicado algún diario- sino que ordenan abrir el expediente y resolverlo, para bien o para mal, para sancionar o para archivar. Lo que dicen es que no pueden no abrirlo. Que no es lo mismo. ¿Lioso? Topar con lo Contencioso-Administrativo es todo un UFO. En este caso se intentó también una vía penal y fue el propio Tribunal Supremo el que la desestimo.

Pues ahí están los matices. No se si resulta muy prolijo leerlos. Yo tenía muchas ganas de escribirlos.

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La opinión se forja en los matices

No discuto que la propia dinámica de los medios impida descender a los detalles para explicar la realidad. A veces, ni en la radio ni en la tele se puede hacer. Otras simplemente no se quiere. No obstante, para formarse una opinión fundada y lo más certera posible no queda otro remedio que informarse de todo eso que puede resultar más prolijo y dificultoso. Me da que muchos de los que meten cosas dispares en el mismo saco no lo hacen sólo por ignorancia. También sospecho que el brochazo gordo y sin matización es el más útil para dirigir a la opinión pública alegando que no se puede andar “entrando en tecnicismos”. La técnica de la verdad sí lo exige.

¿Y cual será el papel del periodista sino el de mascar esas pejigueras tan sustanciales para ofrecerlas de una forma digerible? No son pocos los que lo dejan reducido a hacer la papilla en la que todo cabe para empapuzar al público con el sabor político que más nos gusta.

Ese será uno de los ejes de mi blog. Aquí si habrá lugar para explicar los matices. La única solución para tratar de forma igual a todo lo que sea igual pero de forma diferente a lo que sea distinto. O sea, de intentar hacer justicia con la actualidad, con la actuación de los políticos, con el mundo que nos rodea. A cada uno lo suyo. Y cada uno debe ser el juez de sus criterios. Así se conforma una opinión pública libre y democrática. Yo tengo la mía, evidentemente.La dejo ver en los programas en los que participo y estará presente también aquí. Así lo veo yo…

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